La Fiscalía de La Altagracia y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes depositaron una solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra cuatro personas acusadas de organizar un viaje ilegal en el que murieron al menos seis personas frente a las costas de Playa Juanillo, en Cap Cana.
Cabe destacar que, tras presentar la solicitud de medida, fue encontrado otro cuerpo sin vida, proveniente del viaje ilegal, cerca de Cabo Engaño, elevando a siete el número de víctimas mortales.
Los imputados son Juan Carlos Díaz, alias El Mocho, Starling Montilla, mejor conocido El Cojo, Franklin Zorrilla Cedano, alias El Gordito y Elaine del Carmen Morla, quienes, según la solicitud, actuaron de manera organizada para coordinar la salida clandestina de más de 50 personas con destino a Puerto Rico.
El Ministerio Público imputa a los encartados los delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado y asociación de malhechores, en violación a los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley 137-03 sobre Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
El naufragio
De acuerdo con las investigaciones, el grupo captó a los migrantes y los trasladó en un autobús turístico hasta Cap Cana, desde donde partieron la madrugada del viernes 11 a bordo de una yola de fabricación clandestina, la cual posteriormente naufragó. Entre las víctimas fatales hay dominicanos y haitianos, incluyendo un menor de edad.
El Ministerio Público sostiene que Juan Carlos Díaz fue el capitán de la embarcación; Starling Montilla, su ayudante, usaba violencia física para imponer el orden entre los viajeros; Franklin Zorrilla colaboró con el manejo de los motores, y Elaine Morla, hermana de Montilla, despojó a las mujeres de sus celulares antes de abordar, actuando como parte del esquema de control y logística.
La solicitud también incluye el anticipo de pruebas en cámara Gesell a tres víctimas sobrevivientes, quienes identificaron a los acusados en rueda de reconocimiento y los señalaron como responsables de organizar el viaje. Según sus testimonios, cada pasajero debía pagar hasta cinco mil dólares por llegar a Puerto Rico.
Dado el número de implicados, víctimas, fallecidos y la evidencia de que se trata de una estructura criminal organizada, el Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado como complejo, y pidió 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
La audiencia de conocimiento de medida está pendiente de ser fijada por el Juzgado de la Instrucción de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.