La Superintendencia de Bancos (SB) emitió la Carta Circular CCI-REG-2026000007 con lineamientos que procuran establecer las mejores prácticas en la gestión de cobros de deudas en el sector financiero, con el fin de que los usuarios y usuarias reciban un trato más digno y transparente.
Mediante esta normativa, el ente supervisor reitera que las entidades de intermediación financiera (EIF) deben prevenir cualquier práctica abusiva o contraria a la dignidad de las personas, asegurando que los procesos de recuperación de deudas sean equitativos y respetuosos en todos los niveles. La SB enfatiza que este respeto a la dignidad debe extenderse también a los terceros o empresas externas contratadas por las entidades para realizar estas gestiones, mediante controles internos y cláusulas contractuales rigurosas.
Uno de los puntos clave de la disposición se enfoca en que las entidades y sus gestores de cobro respeten los límites de frecuencia y horarios establecidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para el contacto con los deudores.
Asimismo, exhorta a las entidades incluir en sus contratos con gestores de cobros cláusulas que garanticen el tratamiento adecuado de los datos personales y la confidencialidad de la información. Además, las EIF tienen la obligación de notificar formalmente a los usuarios y las usuarias sobre la cesión de su deuda, informándole el monto desglosado, el nombre del nuevo acreedor y los medios de contacto para continuar con sus pagos.
El documento, emitido el pasado 29 de julio, indica que las entidades de intermediación financieras deben contar con políticas precisas de recuperación de deudas y proporcionar entrenamiento constante al personal encargado de estas funciones para asegurar que actúen bajo principios éticos.
«El propósito es asegurar un trato justo para los clientes, fomentando una cultura de transparencia y respeto mutuo entre la entidad y la ciudadanía”, señala el comunicado de la institución.
Finalmente, la SB hace un llamado a los gremios del sector financiero para que adopten cartas de compromiso que promuevan principios de mejores prácticas en el tratamiento de los usuarios y las usuarias durante la gestión de deudas.