El pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), presidido por el magistrado presidente Napoleón R. Estévez Lavandier, conoció once expedientes durante una audiencia pública celebrada en la sede de esta alta corte.
En la audiencia abierta a la ciudadanía, quedaron pendientes de fallo los expedientes TC-05-2023-0042 y TC-05-2023-0142, interpuestos por José Francisco Guzmán y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, contra la Sentencia 0030-04-2022-SSEN-00615, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro de octubre de 2022, y se les concedió un plazo de cinco días hábiles para depositar escritos y documentos que edifiquen mejor al pleno de jueces.
El magistrado Estévez Lavandier explicó que dedicaron tiempo a analizar el caso con los involucrados para estar «lo más edificados posible» y tomar la mejor decisión, debido al impacto que esta puede tener en una institución tan importante como la de los bomberos de la República Dominicana y el tema del cambio climático que afecta al país.
También quedó en espera de fallo el expediente TC-01-2025-0054, cuyos accionantes, la Asociación Internacional de Derecho Penal Grupo Dominicano, la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat, Inc. y los señores Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, atacan los artículos 2, numeral 10; 24, 49, 54, 68, 77, 85, 87, 88, 93, 105, 121, 124, 128, 130, 131, 142, 158, 170, 173, 176, 184, 188, 192, 195, 207, 208, 210, 214, 221, 225, numerales 6 y 9; 226, numeral 13; 227, 229, 232, 260, 261, 263, 271, 273, 275, 283, 284, 285, 286, 290, 297, 303, 305, 308, 310, 312, 315, 317, 320, 324, 325, 327, 330, 334, 337, 339, 340, 341, 367, 379, 380, 384 y 388 de la Ley Orgánica núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, del 3 de agosto de 2025.
Los jueces del TC dejaron en la misma condición el expediente TC-01-2025-0058, presentado por Andrés Liétor Martínez y las sociedades comerciales Internacional de Valores, S.R.L., Inversiones CCF, S.R.L., Centros Comerciales Dominicanos, S.R.L., y Boreo, S.R.L., contra los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26 y el párrafo I del artículo 28 de la Ley 3-02, sobre Registro Mercantil, del 18 de enero de 2002.
De igual forma quedó el expediente TC-01-2025-0059, interpuesto por Víctor Eddy Mateo Vásquez y Félix Nova Hiciano, quienes atacan los artículos 310 y 311 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, del 3 de agosto de 2025.
Igualmente se dejó el expediente TC-01-2025-0060, cuyos accionantes, la firma de abogados e ingenieros Méndez González & Asociación, S.R.L, y el licenciado Dence Francisco Méndez González, atacan el párrafo del artículo 23 y el artículo 25 de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, del 15 de julio de 2016.
Otro expediente que quedó pendiente de fallo fue el TC-01-2025-0061, introducido por Miguel Alexander Rojas, Charli Daniel Calderón de los Santos y Ángel Francisco Morla Ávila, quienes atacan el artículo 194 de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, del 7 de agosto de 2003, modificada por la Ley 52-07, que cambia varios artículos de la Ley 136-03, del 23 de abril de 2007.
En la misma condición quedó el expediente TC-01-2025-0048, presentado por Fernando Antonio Guzmán Castro, en contra del artículo 1.1 de la Resolución 04-0211, emitida por el Ayuntamiento Municipal de Imbert el 25 de 2011.
De igual forma el expediente TC-01-2025-0052, interpuesto por Bienvenido Medina Pérez y la Fundación de Protección al Medio Ambiente de la Región Enriquillo, Inc. (PROMARE), que ataca la Resolución R-MEM-CM-020-2015 de concesión de explotación minera, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, el primero de octubre de 2015. En este caso los involucrados recibieron un plazo de cinco días hábiles para completar algunos documentos.
Los jueces del TC también dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0053, expuesto por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu, contra el Decreto 6-19 sobre el Reglamento de Licencias de Conducir, del 4 de enero de 2019.
Asimismo, el expediente TC-01-2025-0055, interpuesto por la Unión Nacional de Importadores (UNIDA), que ataca el Decreto 605-21 que crea la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, del 27 de septiembre de 2021 y el Decreto 553-22, que establece el Reglamento para la Regulación de las Importaciones de los Contingentes Arancelarios de la Lista XXIII de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio, del 26 de septiembre de 2022. A ambas partes le fueron otorgados cinco días hábiles para depositar el escrito de defensa y cinco más para conocer el contenido del mismo. Se le otorgó 5 días para depósito de opinión y escrito de defensa.
Finalmente, los jueces del pleno del TC dejaron en espera de fallo el expediente TC-01-2025-0057, presentado por Silvio Polanco Paniagua y Jesús Placencia de León, en contra de la Certificación DFC-CE-234-2025, que autoriza a realizar la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Servicio Municipal del Distrito Nacional (COOPSEMUDINA), emitida por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), el 23 de junio de 2025.
En la audiencia pública estuvieron presentes, además del presidente Estévez Lavandier, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, José Alejandro Ayuso, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.