Santo Domingo.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables alertó sobre el preocupante aumento de muertes registradas en el país durante operativos de seguridad pública, reportadas oficialmente bajo la denominación de “intercambios de disparos”, una narrativa que —advirtió— puede ocultar la complejidad de estos hechos y derivar en la vulneración de derechos fundamentales.
De acuerdo con cifras ofrecidas por la Policía Nacional y citadas en medios de comunicación, 93 presuntos delincuentes han perdido la vida en lo que va de 2026, entre enero y los primeros días de mayo, durante supuestos enfrentamientos armados con agentes del orden. En ese mismo período, ocho agentes policiales han fallecido en el cumplimiento del deber, también en el marco de operativos armados.
En conjunto, los datos reflejan 101 muertes violentas en apenas cinco meses, ocurridas en escenarios donde el Estado ejerce el monopolio legítimo del uso de la fuerza, una cifra que genera alarma por su magnitud y recurrencia.
El Observatorio recordó que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 37 que el derecho a la vida es inviolable, mientras que el artículo 38 consagra la dignidad humana como sagrada e inviolable. Asimismo, el artículo 69 garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso, principios que rigen para toda actuación estatal.
La entidad advirtió además que la muerte de ocho agentes policiales también implica posibles vulneraciones constitucionales, ya que el Estado tiene el deber de proteger su vida, integridad y seguridad personal, conforme a los artículos 37, 38, 40 y 42 de la Carta Magna.
“El uso reiterado del término ‘intercambio de disparos’ puede diluir responsabilidades, limitar investigaciones exhaustivas y normalizar la muerte como desenlace habitual de la acción policial”, señaló Manuel Meccariello, director del Observatorio.
La organización identificó como factores que inciden en la violencia la proliferación de puntos de droga, las agresiones y homicidios por encargo, la exclusión social, las debilidades en inteligencia preventiva y las fallas del sistema de justicia.
Finalmente, el Observatorio llamó al Estado dominicano a replantear su enfoque de seguridad ciudadana, fortalecer la inteligencia y la prevención social, revisar los protocolos policiales y colocar la vida humana en el centro de la política pública.
“La seguridad ciudadana no puede medirse por el número de muertos. Defender el derecho a la vida y la dignidad humana no debilita al Estado; lo fortalece”, concluyó Meccariello.