Santo Domingo.- La solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Pandora, una investigación sobre corrupción y tráfico de armas, fue aplazada, según informó el Ministerio Público.
Los vinculados en este caso presuntamente formaban parte de una organización criminal que, utilizando sus cargos en las fuerzas armadas y policiales, traficaban de manera clandestina armas y municiones a Haití.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público, los agentes involucrados cometieron múltiples delitos, entre ellos el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Se alega que los oficiales superiores y alistados, en complicidad con civiles, aprovecharon sus funciones para sustraer y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo fusiles y pertrechos policiales, que luego eran vendidos ilegalmente a nacionales haitianos.
El informe resalta que los implicados violaron los reglamentos y protocolos de seguridad para acceder a los almacenes de municiones, alteraron armas de fuego, y modificaron los cañones de las mismas para permitir el uso de municiones de calibres más grandes, incrementando así el precio de venta a policías, militares, civiles y armerías.
El abogado defensor de dos de los imputados mencionó que el ex intendente de armas, Narciso Antonio Féliz, fue quien supuestamente destapó la llamada «caja de Pandora» al revelar la red de tráfico. Además, el Ministerio Público indica que los detenidos intentaron destruir pruebas que comprometían su responsabilidad penal e inculparon a miembros de menor jerarquía dentro de la organización. También se les acusa de intimidar y amenazar a testigos, así como de ocultar y transferir los bienes y ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas.
La investigación comenzó en octubre de este año, tras una auditoría que reveló la desaparición de más de 900,000 municiones de diferentes calibres. Entre las municiones faltantes se incluyen cartuchos de calibre 12, 9mm, 5, 45 y 37, además de gases lacrimógenos y proyectiles. Según la investigación, el ex intendente de armas, Narciso Antonio Féliz, habría instruido para que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes.
En relación con la imputada Miguelina Bello Segura, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) detalló que ella recibió grandes cantidades de municiones de distintos calibres, que vendía clandestinamente a ciudadanos haitianos a precios que variaban entre 5,200 y 6,000 pesos, con el fin de abastecer actividades criminales.