Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) incorporó este jueves a 70 nuevos defensores públicos, una medida que fortalecerá la capacidad institucional para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de miles de personas en todo el territorio nacional.
Los profesionales concluyeron satisfactoriamente el Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as), Grupo 2025, durante un acto celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por el director nacional de la Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, junto a autoridades del sistema de justicia y representantes de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
La incorporación de esta nueva promoción permitirá reforzar oficinas de alta demanda en Santiago, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal, así como ampliar la cobertura en otras jurisdicciones del país, contribuyendo a garantizar una representación legal efectiva para personas de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad.
Durante su intervención, el director nacional de la Defensa Pública destacó que la graduación representa mucho más que la culminación de un proceso académico.
“Hoy no solo reciben un título. Reciben una toga que pesa. Pesa porque representa una enorme responsabilidad. Representa a la persona que llega a nuestras oficinas buscando orientación, protección de sus derechos y la oportunidad de ser escuchada dentro del sistema de justicia”, expresó Rodolfo Valentín Santos.
El funcionario señaló que los defensores públicos constituyen, en muchos casos, el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial y desempeñan un papel fundamental en la garantía del debido proceso, el acceso a una defensa técnica efectiva y el respeto de la dignidad humana.
Asimismo, indicó que esta nueva promoción fortalecerá la misión institucional de la Defensa Pública en todo el territorio nacional.
“Desde Azua hasta Montecristi, desde Elías Piña hasta Higüey, desde San Pedro de Macorís hasta Puerto Plata, estos profesionales llevarán consigo el compromiso de garantizar una defensa técnica de calidad y acercar la justicia a quienes más la necesitan”, afirmó.
Valentín Santos agradeció a la Escuela Nacional de la Judicatura por su contribución a la formación de los nuevos defensores públicos y reconoció el esfuerzo realizado por los graduandos durante el proceso de capacitación.
Por su parte, la subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ellys Coronado, afirmó que la formación recibida por los nuevos defensores públicos forma parte de una visión de país que reconoce el acceso a la justicia y el debido proceso como pilares fundamentales de la democracia.
“La Defensa Pública ocupa un lugar singular dentro del sistema de justicia. Su razón de ser es asegurar que ninguna persona vea disminuidos sus derechos por carecer de recursos económicos o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad”, expresó Coronado.
La funcionaria destacó que los nuevos profesionales representan una garantía para quienes más necesitan ser escuchados, protegidos y acompañados dentro del sistema judicial, al tiempo que les exhortó a contribuir a una justicia más cercana, humana, transparente y oportuna, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Además, aseguró que la ENJ continuará siendo un espacio para la formación permanente de los defensores públicos, promoviendo la excelencia profesional y el compromiso con la protección de los derechos fundamentales.
Durante su discurso, Valentín Santos enfatizó que la labor de la Defensa Pública requiere vocación de servicio, compromiso ético y una profunda convicción en la dignidad humana, recordando que detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada y tratada con respeto.
También subrayó que la defensa técnica debe ejercerse con estricto apego a la Constitución de la República y a las garantías fundamentales, promoviendo principios como la gratuidad, el acceso efectivo a la justicia, la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios.
“La justicia no puede depender de la capacidad económica de una persona. Nuestra misión es garantizar que toda persona tenga acceso a una defensa técnica efectiva y de calidad”, sostuvo.
El acto reunió a autoridades judiciales, representantes del sistema de justicia, docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura, familiares e invitados especiales, quienes acompañaron a los nuevos profesionales en la culminación de una etapa de formación que los prepara para asumir una de las funciones más relevantes dentro del Estado de derecho.
Al concluir sus palabras, Rodolfo Valentín Santos exhortó a los graduandos a ejercer sus funciones con profesionalismo, ética y sensibilidad humana.
“La República Dominicana necesita defensores públicos que crean en lo que hacen. Sean técnicos, pero también humanos. Sean firmes en la defensa de los derechos, pero siempre respetuosos de la dignidad de las personas”.
Y cerró con una reflexión que sintetizó el compromiso asumido por los nuevos profesionales:
“La toga pesa. Póngansela con orgullo”.
Asimismo, es importante destacar el respaldo brindado por el presidente de la República, quien ha dispuesto los recursos económicos necesarios para la realización de un concurso público que permitirá la incorporación de nuevos defensores públicos, así como la ejecución de procesos de remodelación y readecuación de oficinas a nivel nacional.
Este esfuerzo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la defensa legal gratuita en el país, garantizando una asistencia oportuna y de calidad a quienes más lo necesitan.
En ese mismo orden, la implementación de la Ley núm. 22-24, que crea los distritos judiciales de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, implica la puesta en funcionamiento de nuevos tribunales, incluidos los del ámbito penal. Para asegurar su adecuado funcionamiento, además de jueces y fiscales, se requerirá la incorporación de defensores públicos que contribuyan a ofrecer un servicio eficiente y accesible a la ciudadanía, facilitando el acceso a la justicia.
Con la incorporación de estos 70 nuevos defensores públicos, el total actual asciende a 210 profesionales distribuidos a nivel nacional, fortaleciendo la cobertura institucional y la capacidad de respuesta del sistema.
La Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución que brinda servicio de defensa legal gratuita, a través de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a personas privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial que carecen de recursos económicos para contratar un abogado, o que, por cualquier circunstancia, no cuentan con uno. Actualmente, dispone de 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, garantizando el acceso equitativo a la justicia.