Washington.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, ordenó a su Gobierno que empiece a compartir con la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre crímenes de guerra supuestamente cometidos por tropas rusas en Ucrania, reveló a EFE un alto funcionario estadounidense.
La decisión de Biden supone un cambio en la política que ha mantenido tradicionalmente Estados Unidos con la Corte Penal Internacional (CPI), de la que no forma parte y a la que varios Gobiernos han criticado por las investigaciones abiertas sobre crímenes cometidos por tropas estadounidenses en otros países, como Irak.
Un cambio en la política de Estados Unidos hacia la CPI.
Según el citado funcionario estadounidense, Biden tomó la decisión en los últimos días y se la comunicó recientemente al Congreso estadounidense, donde legisladores tanto demócratas como republicanos han estado haciendo presión para que Rusia rinda cuentas por crímenes cometidos en Ucrania.
Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han ido recopilando información sobre distintos tipos de atrocidades; pero, hasta ahora, solo habían compartido esos datos con fiscales en Ucrania y no con la CPI.
Preguntado por EFE, un portavoz de la Casa Blanca rechazó ofrecer detalles concretos sobre el tipo de colaboración que Estados Unidos está prestando a la CPI, con sede en La Haya.
Ese portavoz, sin embargo, reiteró que Biden cree firmemente que quienes han cometido crímenes de guerra en Ucrania deben rendir cuentas ante la justicia.
La CPI abrió una investigación sobre crímenes de guerra
Por petición de casi 40 países, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió en marzo de 2022, un mes después del inicio de la invasión, una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Ucrania por cualquiera de los combatientes.
Sin embargo, la CPI tiene una capacidad limitada para juzgar los crímenes que se están cometiendo en Ucrania porque ni Kiev ni Moscú han ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.