Durante años hemos asociado el comercio ilícito con imágenes bastante conocidas: mercancías de contrabando, productos falsificados, bebidas adulteradas, cigarrillos ilegales o medicamentos comercializados fuera de los canales autorizados. Todo eso continúa ocurriendo, pero el problema ha evolucionado y hoy puede presentarse de formas menos evidentes y, quizás por eso mismo, más difíciles de enfrentar.
No siempre estamos frente a una mercancía ilegal. En ocasiones el producto es perfectamente lícito y se encuentra a la vista de todos, dentro de un establecimiento formal. La irregularidad puede estar en otro lugar: en el valor declarado al importar, en los impuestos que se pagan o dejan de pagar, en el registro de las ventas, en las condiciones laborales o en el cumplimiento de las normas técnicas.
Visto de manera aislada, cada incumplimiento pertenece a un ámbito diferente. Una subvaluación es un asunto aduanero; una venta no declarada corresponde a la administración tributaria; una irregularidad laboral o migratoria tiene sus propias autoridades. Sin embargo, la empresa es una sola y su operación económica también. Cuando varios incumplimientos coinciden de manera reiterada, debemos preguntarnos qué efecto producen en conjunto sobre el mercado.
La preocupación no es exclusivamente dominicana. La globalización, el comercio electrónico y unas cadenas de suministro cada vez más ágiles han reducido costos y ampliado las posibilidades de consumidores y empresas, pero también han creado nuevas oportunidades para actividades irregulares.
LaOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea estimaron el comercio mundial de productos falsificados en aproximadamente US$ 467,000 millones, equivalente al 2.3 % de las importaciones globales según los últimos datos comparables.
En República Dominicana también existen señales que merecen atención. La Dirección General de Aduanas informó que 49 auditorías realizadas durante 2025 dentro de uno de los segmentos importadores sometidos a fiscalización determinaron diferencias impositivas por RD$ 1,592 millones. La Dirección General de Impuestos Internos ha informado igualmente sobre investigaciones que identificaron operaciones en efectivo, omisiones en declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ITBIS y ventas mediante tarjetas que no habían sido reportadas adecuadamente.
Estas cifras deben interpretarse con cuidado. No sería responsable concluir que toda empresa perteneciente a un determinado sector opera irregularmente, como tampoco asumir que quien vende considerablemente más barato necesariamente incumple la ley. Hay empresas que compran mejor, manejan grandes volúmenes, reducen intermediarios o cuentan con cadenas logísticas más eficientes. Eso es competencia y beneficia al consumidor.
Pero existe una frontera que no deberíamos perder de vista: el problema no es quién compite, sino bajo cuáles reglas compite.
Una empresa que vende más barato porque es más eficiente hace precisamente lo que esperamos de un mercado competitivo.
Distinto sería que parte de esa diferencia provenga de impuestos que no se pagan, mercancías subvaluadas, obligaciones laborales incumplidas o productos que no satisfacen las normas aplicables. En ese escenario estaríamos comparando estructuras de costos construidas bajo condiciones diferentes, hasta llegar a una deformación peligrosa: que cumplir resulte más costoso que incumplir.
Esta discusión tampoco debe girar alrededor del origen de una inversión. La República Dominicana necesita inversión extranjera, competencia y nuevos modelos empresariales. El capital extranjero que invierte genera empleos, paga sus impuestos y cumple las normas debe encontrar seguridad jurídica y condiciones para crecer.
De igual manera, una empresa dominicana que incumple no merece protección por el hecho de ser dominicana. La nacionalidad no puede convertirse ni en una presunción de culpabilidad ni en una exoneración frente al cumplimiento.
El desafío tampoco consiste únicamente en aumentar las fiscalizaciones. Aduanas, Impuestos Internos, Trabajo, Migración, Pro-Consumidor y otras instituciones observan partes diferentes de una misma realidad. Una puede identificar un problema tributario, otra una irregularidad aduanera y una tercera un incumplimiento laboral, sin que necesariamente exista una visión conjunta de la operación.
Es ahí donde la coordinación institucional adquiere especial importancia. No para sustituir competencias ni construir estructuras de persecución, sino para conectar información, identificar patrones y diferenciar mejor a quien compite legítimamente de quien obtiene ventajas mediante incumplimientos reiterados.
Durante mucho tiempo observamos el comercio ilícito principalmente a través de la mercancía. Hoy debemos mirar también lo que ocurre detrás de ella: la operación económica y el cumplimiento de las reglas que sostienen el comercio formal.
Porque cuando incumplir se convierte en una ventaja competitiva, lo que comienza a estar en riesgo es la integridad del mercado.
Sobre César Dmitri Roa Castillo
César Dmitri Roa Castillo es abogado, especialista en propiedad intelectual, regulación comercial y políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito. Durante seis años desarrolló funciones en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes(MICM), donde se desempeñó como director de Prevención y Control de Comercio Ilícito. Previamente formó parte del Ministerio Público de la República Dominicana.