El interrogatorio de los testigos citados por la Fiscalía dará inicio este lunes al juicio penal abierto por la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete colaboradores acusados de liderar un complot golpista para impedir el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal escuchará, en diferentes audiencias programadas entre el 19 de mayo y el 2 de junio, a los 82 testigos presentados por la Fiscalía y por los ocho acusados.
Los primeros que serán escuchados, a partir de las 15.00 hora local (18.00 GMT) y por videoconferencia, son los seis testigos de la Fiscalía, entre ellos los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea general Marco Antonio Freire Gomes y brigadier general Carlos de Almeida Baptista Júnior.
Ambos, hoy en la reserva, admitieron que se reunieron varias veces con Bolsonaro y con sus asesores más próximos y que los invitaron a apoyar un presunto plan para dar un golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.
Bolsonaro y sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, son acusados de encabezar la conspiración golpista supuestamente urdida para intentar anular las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó al líder ultraderechista, y mantenerse en el poder.
Según la acusación, los líderes de la trama planearon incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades e incentivaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023, siete días después de que el líder progresista asumiera su tercer mandato.
Ese día, miles de “bolsonaristas” destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que devolviera al poder al capitán retirado del Ejército.
Hasta 40 años de cárcel
Los cinco magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema consideraron en marzo pasado, por unanimidad, de que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho acusados por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel.
Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Entre los enjuiciados también están el excomandante de la Marina Almir Gabriel, los exministros de Justicia Anderson Torres, de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, de Defensa Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia Walter Braga Neto y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem.
El proceso tiene como base las numerosas pruebas recogidas por la Fiscalía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, que es el octavo enjuiciado pero que puede recibir beneficios por su colaboración con la Justicia.
Los testigos convocados por Mauro Cid serán precisamente los segundos a ser escuchados, en una audiencia prevista para el 22 de mayo.
Los testigos de los otros seis enjuiciados serán escuchados entre el 23 y el 29 de mayo y los quince testigos convocados por Bolsonaro a partir del 30 de mayo.
Entre sus convocados destacan el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el exvicepresidente y hoy senador Hamilton Mourão y otros integrantes y altos militares de su Gobierno (2019-2022).
El interrogatorio de testigos marca el inicio de la fase de instrucción criminal del proceso, durante la que defensa y acusación recogen pruebas y solicitan pericias y diligencias complementarias para aclarar circunstancias o hechos.
Concluida esta fase, el Supremo tendrá que definir las fechas en que interrogará a los enjuiciados y en las que escuchará los alegatos finales de acusación y defensa.
Finalmente, los cinco magistrados responsables por el proceso decidirán el destino de los acusados, lo que está previsto para septiembre u octubre de este año.