Quito.- Un tribunal de apelaciones de Ecuador rechazó este viernes en segunda instancia el recurso de habeas corpus que solicitaba la liberación inmediata de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, y revocó el fallo original que calificaba de ilegal y arbitraria su detención dentro de la Embajada de México en Quito, cuando el Gobierno de este país le había concedido asilo.
La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia acordó que la detención de Glas, que ocurrió el 5 de abril en una invasión policial a la sede diplomática de México condenada casi de manera unánime por la comunidad internacional, fue “legal, legítima y no es arbitraria”, según dijeron los abogados de Glas.
El tribunal de primera instancia que revisó el habeas corpus presentado en favor de Glas había determinado inicialmente que la detención se era ilegal y arbitraria por no haberse respetado el protocolo de allanamientos a delegaciones diplomáticas extranjeras en Ecuador, pero mantuvo a Glas en prisión al tener pendiente de terminar por cumplir una pena de ocho años de cárcel por sendas condenas (cohecho y asociación ilícita) en casos de corrupción.
Razones de la sentencia de Glas
La sentencia acogió los argumentos del Gobierno, que dicen que el ingreso sin permiso en la Embajada de México en Quito buscaba evitar la fuga de un procesado sobre el que pesaba una orden de captura y que tenía aún condenas vigentes.
El habeas corpus, promovido por el abogado Francisco Hidalgo, solicitaba a la Justicia ecuatoriana que ordenase la liberación de Glas y lo entregase a México o a un tercer país dispuesto a respetar el asilo que le dio el Ejecutivo mexicano.
Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, había llegado a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.
El Gobierno de México otorgó el asilo a Glas en medio de una crisis con Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, había expulsado a la embajadora Raquel Serur después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, relacionase en unas declaraciones el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral de Noboa.
Tras su captura, Glas se recluyó en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador que forma parte del complejo penitenciario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones que desde el 1 de junio tiene suspendido el servicio de alimentación por parte de la empresa proveedora.
Se deben dar todas las garantías
La nueva sentencia emitida este viernes ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, que garantice y tutele los derechos de Glas, “en especial el derecho a la vida, a la salud e integridad, en consideración al contexto penitenciario actual”.
Glas, que cuenta también con ciudadanía alemana, fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa (2007-2017), y entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
“Nunca notificaron la composición del tribunal de apelación, jamás abocaron conocimiento. Ni siquiera se dignaron en mencionar a quiénes presentaron los amicus curiae”, lamentó el exmandatario.
Entre los amicus curiae que se habían unido a la apelación para aportar argumentos en favor de la petición de Glas estaba el Grupo de Puebla, el Observatorio de Lawfare, el jurista argentino Eugenio Zaffaroni y el exembajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorenti.
“Todo el mundo sabe y ha visto que se hizo pulverizando el derecho internacional y el derecho ecuatoriano. No dejaremos de denunciar este caso hasta lograr su libertad”, señaló Sacha Llorenti la red social X este viernes.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
EFE