Santo Domingo.- El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, Manuel Meccariello, exigió al Estado dominicano fortalecer las políticas públicas dirigidas a garantizar una vejez digna, con acceso oportuno a servicios de salud, medicamentos, pensiones suficientes y mecanismos efectivos de protección social para las personas adultas mayores.
En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre, Meccariello advirtió que la protección de esta población debe constituir una prioridad nacional y traducirse en acciones concretas que garanticen su bienestar, autonomía y respeto a sus derechos fundamentales.
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el envejecimiento de la población dominicana avanza de manera sostenida. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 registró 1,424,735 personas de 60 años y más, equivalentes al 13.2 % de la población. Esta realidad plantea la necesidad de fortalecer desde ahora las políticas de protección social y de cuidados para una población que continuará creciendo.
Ante este panorama, Meccariello señaló que muchas personas adultas mayores enfrentan dificultades económicas, limitaciones para acceder a servicios de salud, discriminación, aislamiento social y situaciones de abandono y maltrato que requieren respuestas oportunas por parte de las autoridades.
El director del Observatorio hizo especial énfasis en las personas adultas mayores que se encuentran en situación de calle y en aquellas que viven con Alzheimer u otras formas de demencia y que, debido a su condición económica o familiar, no cuentan con los recursos necesarios ni con personas cuidadoras que puedan brindarles la atención que requieren.
En ese sentido, llamó al Estado a fortalecer los programas de identificación, acogida, atención médica, acompañamiento psicológico y asistencia social, así como a desarrollar mecanismos de cuidado continuo que permitan garantizar entornos seguros y dignos para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Meccariello también reclamó pensiones dignas y suficientes, al considerar que los ingresos de las personas adultas mayores deben permitirles cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda, medicamentos y atención médica, sin depender exclusivamente del apoyo económico de sus familiares.
Asimismo, exhortó a fortalecer la aplicación de la Ley núm. 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, y a mejorar la coordinación entre el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), las instituciones sanitarias y los organismos de protección social.
También propuso ampliar los centros de atención diurna, los programas de acompañamiento domiciliario y los espacios comunitarios destinados a actividades recreativas, culturales y de integración social.
«El Estado dominicano debe pasar de las buenas intenciones a políticas públicas sostenibles, con presupuesto, objetivos claros y resultados verificables. La dignidad de nuestros adultos mayores no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de sus familias», enfatizó Meccariello.
Finalmente, el director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados reiteró su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y exhortó a las autoridades a colocar la protección, el cuidado, la seguridad económica y el bienestar de las personas adultas mayores entre las prioridades de la agenda pública nacional.
Meccariello concluyó que una sociedad verdaderamente justa e inclusiva debe garantizar que todas las personas puedan envejecer con dignidad, incluyendo a quienes viven en situación de calle, enfrentan condiciones de pobreza o requieren cuidados especiales debido al Alzheimer u otras formas de demencia.