El Ministerio de Justicia de Corea del Sur impuso el lunes una prohibición de viajes al exterior al presidente Yoon Suk Yeol mientras las autoridades investigan acusaciones de rebelión y otros cargos en relación con su efímera declaración de la ley marcial la semana pasada.
El decreto de ley marcial de Yoon del martes pasado, que llevó a tropas de fuerzas especiales a las calles de Seúl, sumió a Corea del Sur en la agitación política y causó preocupación entre sus principales socios diplomáticos y vecinos. El sábado, Yoon evitó un intento de la oposición de destituirlo, y la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearon una votación parlamentaria. Pero los partidos de la oposición prometieron presentar una nueva moción de destitución en su contra esta semana.
Bae Sang-up, un funcionario del Ministerio de Justicia, dijo en una audiencia parlamentaria que se le prohibió a Yoon salir del país a raíz de las solicitudes de la policía, los fiscales y una agencia anticorrupción mientras amplían sus investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la toma de poder de Yoon.
El lunes, un alto funcionario de la Agencia Nacional de Policía dijo a los periodistas locales en una reunión informativa que la policía también puede detener a Yoon si se cumplen las condiciones. El contenido de la reunión informativa fue compartido con The Associated Press.
Si bien un presidente surcoreano en funciones goza de inmunidad judicial mientras está en el cargo, ello no se extiende a las acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que Yoon puede ser interrogado y detenido por la policía a causa de su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan de que la policía lo detenga por la fuerza o registre su oficina debido a la posibilidad de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial.
En el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue expulsada de su cargo en 2017 después de ser destituida por el Parlamento por un escándalo de corrupción, los fiscales no registraron su oficina y terminaron recibiendo documentos fuera del recinto porque los funcionarios presidenciales los rechazaron.
Después de negarse a reunirse con los fiscales mientras estaba en el cargo, Park se sometió a un interrogatorio por parte de ellos y fue arrestada después de que el Tribunal Constitucional aprobara su impeachment y dictaminara su destitución como presidenta en marzo de 2017.
El principal partido de la oposición, el Partido Democrático, calificó la imposición de la ley marcial por parte de Yoon de “inconstitucional, rebelión ilegal o golpe de Estado”. El partido ha presentado denuncias ante la policía contra al menos nueve personas, entre ellas Yoon y su ex ministro de Defensa, por las acusaciones de rebelión.
El domingo, los fiscales surcoreanos detuvieron al ex ministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien supuestamente recomendó que Yoon declarara la ley marcial. Se convirtió en la primera persona detenida en el caso de la ley marcial.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa suspendió por separado a tres altos comandantes militares por su presunta participación en la imposición de la ley marcial. Se encontraban entre los que se enfrentaban a las acusaciones de rebelión planteadas por la oposición.
El sábado, Yoon se disculpó por el decreto de la ley marcial y dijo que no eludirá la responsabilidad legal o política por la declaración. Dijo que dejaría en manos de su partido la tarea de trazar un rumbo a través de la agitación política del país, “incluidos los asuntos relacionados con mi mandato”.
Desde que asumió el cargo en 2022 para un único mandato de cinco años, Yoon, un conservador, ha estado en una trayectoria de enfrentamiento casi constante con sus rivales liberales que controlan el Parlamento. Los liberales han presentado una serie de mociones que buscan destituir a algunos de sus principales funcionarios y han lanzado una feroz ofensiva política contra Yoon por una serie de escándalos que lo involucran a él y a su esposa.
En su anuncio de la ley marcial el martes por la noche, Yoon calificó al parlamento como una “guarida de criminales” que empantana los asuntos estatales y prometió eliminar a los “desvergonzados seguidores de Corea del Norte y a las fuerzas antiestatales”.
El decreto de ley marcial de Yoon duró sólo seis horas porque la Asamblea Nacional lo rechazó, obligando al Gabinete de Yoon a levantarlo antes del amanecer del miércoles. Algunos miembros del gobernante Partido del Poder Popular de Yoon votaron en contra del decreto de Yoon, pero el partido decidió más tarde oponerse a su destitución.
Los expertos dicen que el partido de Yoon teme perder la presidencia ante los liberales en una elección parcial si él es destituido y destituido, como sucedió después de que Park fuera destituida de su cargo.
El líder del PPP, Han Dong-hun, dijo el domingo que su partido presionará para que Yoon deje el cargo de forma temprana y ordenada, de manera que se minimice la confusión social, pero no dijo cuándo ocurriría eso. También dijo que Yoon no participará en asuntos de estado, incluida la política exterior.
Los críticos dicen que Han probablemente quiera ganar tiempo para ayudar a su partido a recuperar la confianza pública. Sus comentarios sobre marginar a Yoon de los asuntos estatales también han suscitado preocupación y críticas generalizadas de que viola la Constitución.
Durante una conferencia de prensa el lunes, el Ministerio de Defensa dijo que Yoon mantiene el control del ejército, un poder que la constitución reserva explícitamente para el presidente.