Santo Domingo. – El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), dirigido por Manuel Meccariello, expresó su profunda indignación y preocupación ante el alarmante incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en República Dominicana, denunciando que el país enfrenta una crisis que continúa cobrando vidas mientras las respuestas preventivas siguen siendo insuficientes.
La organización reaccionó a recientes declaraciones de la ministra de la Mujer, quien afirmó que “lamentablemente, las cifras de los fallecimientos, que son las más duras, son las que vemos. Pero no estamos viendo las mujeres que también se salvan todos los días”.
Ante esto, Manuel Meccariello respondió de manera contundente:
“No es cuántas han salvado, es cuántas siguen matando. El país está cansado de escuchar discursos mientras cada semana una mujer es asesinada. La realidad es que las cifras continúan aumentando y la violencia se está convirtiendo en una tragedia cotidiana”, expresó.
El director del observatorio calificó como “inaceptable y vergonzoso” el nivel de feminicidios que se registra actualmente en el país, asegurando que el Estado dominicano no puede seguir reaccionando únicamente después de cada tragedia.
“Estamos viendo cómo mujeres son asesinadas aún después de denunciar amenazas, pedir ayuda o acudir a instituciones del Estado. Esto evidencia que existen fallas graves en los mecanismos de protección y respuesta”, sostuvo.
La organización advirtió, además, que la violencia machista ha alcanzado niveles cada vez más crueles y devastadores, incluyendo casos de violencia vicaria, amenazas sistemáticas, persecución y violencia digital, dejando familias destruidas, niños huérfanos y comunidades marcadas por el miedo.
En ese sentido, el ODHGV alertó que el incremento sostenido de la violencia en el país también refleja un grave deterioro de la salud mental colectiva, por lo que consideró urgente fortalecer las intervenciones psicológicas y psiquiátricas tanto para víctimas como para agresores potenciales.
“No podemos seguir analizando esta crisis únicamente desde el ámbito judicial o policial. Existe un deterioro evidente de la salud mental en el país, acompañado de altos niveles de violencia, intolerancia, agresividad y falta de manejo emocional. Hace falta una intervención mucho más amplia de profesionales de la salud mental”, expresó Manuel Meccariello.
La organización sostuvo que el Estado debe aumentar de manera urgente el acceso a psicólogos, psiquiatras y programas comunitarios de salud mental, especialmente en sectores vulnerables donde la violencia intrafamiliar y de género continúa creciendo.
Asimismo, el observatorio consideró necesario implementar programas preventivos de atención emocional, manejo de conflictos y educación sobre salud mental desde las escuelas, comunidades y espacios laborales, como parte de una respuesta integral frente a la violencia.
“Estamos enfrentando una crisis social y emocional que no puede seguir siendo ignorada. La salud mental debe convertirse en una prioridad nacional si realmente queremos reducir los niveles de violencia y evitar que más mujeres pierdan la vida”, agregó.
Según estadísticas oficiales del Ministerio Público, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana. Del total de casos, el 52.49 % corresponde a violencia intrafamiliar y el 36.94 % a violencia de género, representando conjuntamente el 89.43 % de las denuncias registradas.
Asimismo, el país contabiliza ya 32 feminicidios en los primeros meses del año, mientras que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
“El problema no puede seguir tratándose únicamente como una estadística. Detrás de cada feminicidio hay una mujer que pidió ayuda, una familia destruida y niños que quedan marcados de por vida. Cada feminicidio representa un fracaso colectivo del sistema de protección”, enfatizó Meccariello.
El observatorio señaló, además, que uno de los aspectos más preocupantes es que muchas víctimas asesinadas nunca lograron denunciar formalmente debido al miedo, la dependencia económica o la falta de confianza en las instituciones, lo que obliga al Estado a replantear urgentemente sus estrategias de prevención y atención.
En relación con el caso de Anabel Díaz, quien había denunciado amenazas de muerte por parte de su expareja antes de ser asesinada, el ODHGV consideró “sumamente preocupante” que continúen ocurriendo hechos de esta magnitud aun cuando existen alertas previas de alto riesgo.
“Este caso debe provocar una revisión urgente de los protocolos de protección y acompañamiento. Las mujeres no pueden quedar solas después de pedir ayuda. El Estado debe actuar con rapidez antes de que ocurra otra tragedia”, manifestó.
La organización propuso fortalecer las respuestas territoriales y comunitarias, incluyendo brigadas móviles de atención inmediata que puedan trasladarse hasta donde se encuentren mujeres en situación de riesgo, brindar acompañamiento psicológico y legal, y facilitar los procesos de denuncia y protección de manera más accesible y segura.
Asimismo, alertó sobre el crecimiento de la violencia digital contra las mujeres, incluyendo amenazas, acoso, extorsión y difusión no consentida de contenido íntimo a través de redes sociales y plataformas digitales, fenómenos que continúan aumentando sin respuestas suficientes.
Finalmente, el observatorio hizo un llamado urgente y firme al Gobierno dominicano, al sistema judicial y a todas las instituciones responsables para que adopten medidas inmediatas, efectivas y coordinadas frente a la violencia contra las mujeres.
“La violencia contra las mujeres ya es una emergencia nacional. No podemos normalizar que cada semana una mujer sea asesinada. Se necesitan acciones reales, respuestas rápidas y políticas efectivas antes de que más vidas sigan perdiéndose”, concluyó la organización.