Unas 200 armas de fuego y aproximadamente 40,000 municiones fueron ocupadas durante allanamientos realizados en 18 armerías ubicadas en diferentes puntos de República Dominicana.
Entre el material decomisado figuran armas de guerra y de uso prohibido, así como pistolas, revólveres y armas largas. Una cantidad considerable carecía de documentación o de constancia sobre su procedencia, según informó el Ministerio Público.
Las intervenciones forman parte de la denominada Operación Armum, desplegada en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, Mao, Espaillat y San Francisco de Macorís.
Uno de los principales hallazgos corresponde a las cerca de 40,000 municiones incautadas. Muchas no tenían marcaje, lo que, de acuerdo con la hipótesis del órgano persecutor, podría indicar que fueron introducidas de manera ilícita al país.
Durante los allanamientos también se encontraron miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas presuntamente modificadas o alteradas.
Las autoridades reportaron, además, la ocupación de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que permanecían en las armerías sin los permisos correspondientes.
El Ministerio Público sostiene que algunos de los establecimientos intervenidos operaban sin licencia o con permisos vencidos.
También se detectaron negocios que supuestamente realizaban trabajos de reparación sin autorización, intermediaban en la compraventa de armas sin contar con la licencia requerida o retenían ilegalmente armas pertenecientes a terceros.
Propietarios y representantes de las armerías fueron arrestados en flagrante delito debido a las irregularidades encontradas. Sin embargo, las autoridades no precisaron la cantidad total de detenidos ni identificaron los establecimientos intervenidos.
Los arrestados serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, donde el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas de coerción.
En el operativo participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y otros 19 del Ministerio de Interior y Policía.
La investigación está encabezada por la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las demás instituciones participantes.
El Ministerio Público informó que continuará las investigaciones para establecer la procedencia de las armas y municiones, determinar cómo llegaron a los establecimientos y precisar las posibles responsabilidades penales.
Hasta el momento, las imputaciones corresponden a señalamientos del órgano acusador y deberán ser examinadas por los tribunales.