El Tribunal Constitucional (TC) concluyó el VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, un evento que durante tres días reunió a más de 500 personas por jornada en un espacio de reflexión académica sobre los retos actuales de la justicia, la importancia del debido proceso en el proceso penal y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Al pronunciar el discurso de cierre, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, sostuvo que la garantía del debido proceso descansa en la actuación de jueces independientes y ajenos a cualquier tipo de presión.
Afirmó que, frente a posibles actuaciones arbitrarias del Ministerio Público, conductas temerarias de litigantes o presiones derivadas de la opinión pública, corresponde al juez ejercer un control efectivo para salvaguardar la dignidad humana y los derechos fundamentales.
«El juez penal es, sin duda alguna, quien tiene el control total para exigir el debido proceso. Que el Ministerio Público sea arbitrario o el abogado litigante sea temerario o la opinión pública sea populista, poco importa si frente a la etapa en que se encuentra el proceso hay un juez verdaderamente independiente de presiones sean estas internas o externas», expresó Estévez Lavandier.
Asimismo, manifestó su confianza en la judicatura dominicana. «Yo apuesto a los jueces independientes de esta República Dominicana y sobre los jueces del Tribunal Constitucional lo garantizo», sostuvo.
«Todos los actores del poder jurisdiccional del Estado dominicano y del sistema judicial de manera general somos conscientes de que empujamos la misma carreta en el camino del fortalecimiento de un verdadero Estado de derecho fundado en la dignidad humana y el respeto del ordenamiento constitucional», expuso.
El magistrado Estévez Lavandier resaltó la valoración positiva de los expositores nacionales e internacionales sobre los precedentes fijados por el TC dominicano en materia procesal penal y agradeció a los participantes del Congreso por darse cita en tan importante encuentro académico. «Nos quedamos con muchas tareas para mejorar y alcanzar un sincero debido proceso, conducente a una justicia penal constitucionalmente adecuada para los justiciables», añadió.
Previamente, en la relatoría del Congreso, la magistrada Army Ferreira, jueza del TC, hizo énfasis en la pluralidad de criterios expuestos por los diferentes actores del sistema judicial, lo cual —dijo— demuestra que el debido proceso no es materia exclusivamente del derecho constitucional, sino de la convergencia armónica con el derecho penal.
«Más allá de las diferencias propias de un Estado democrático, debemos resaltar nuestra capacidad de diálogo, pues mientras nuestras funciones naturalmente nos dividen, es la sostenibilidad del Estado de derecho y de nuestra democracia que nos unen», sostuvo.
El VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional contó con la participación de más de 45 expertos nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y la República Dominicana, que desarrollaron una veintena de exposiciones, entre ellas conferencias y paneles.
Tercera y última jornada
En la tercera y última jornada del Congreso, el Dr. Luis Chiesa, profesor de la Universidad de Buffalo, dictó la conferencia «El debido proceso en el sistema procesal penal norteamericano», y el Dr. Julián Andrés Pimiento Echeverri habló sobre los juicios de extinción de dominio y las garantías del debido proceso.
Posteriormente se desarrolló una mesa de discusión en la que el director del Programa de Crimen Organizado y Anticorrupción de INL-PADF, Marko Magdic; Rosanna Vásquez, jueza del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; el procurador Pelagio Alcántara Sánchez, de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos, y el exjuez de la Suprema Corte de Justicia Juan Hirohito Reyes analizaron los aspectos esenciales de los efectos de extinción de dominio en la República Dominicana. El conversatorio estuvo moderado por el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del TC.
Asimismo, la directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Dra. Alicia Gil Gil, abordó el tema de «Constitución y derecho penal internacional», y la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, dictó la conferencia «Derecho de las víctimas en el proceso penal».
En horas de la tarde se realizó el panel «Interacción entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal», moderado por el magistrado José Alejandro Ayuso, juez del TC, que estuvo integrado por Alejandro Peña Núñez, consultor jurídico del Senado; el jurista Manuel Fermín Cabral, el magistrado Edward Abreu Acevedo, juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y Miguel Valerio, jurista dominicano.
A seguidas, el Dr. Luis Arroyo Zapatero, exrector honorario y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, disertó sobre «Derecho penal y Constitución», tras lo que se realizó el último conversatorio, que estuvo moderado por la secretaria del TC, Grace Ventura Rondón, donde se abordó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia procesal penal. Las exposiciones del tema estuvieron a cargo de Arlette Rodríguez, asesora de Presidencia del TC; María del Pilar Zuleta, jurista y catedrática; Nassef Perdomo, jurista y catedrático, y Ana Giselle Valerio, letrada del TC.