El Parlamento venezolano aprobó una ley para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, pese a las alertas de fraude de la oposición.
La normativa, llamada «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», fue aprobada en segunda discusión este jueves por unanimidad, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La ley fue aprobada tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que la oposición atribuye el triunfo a su candidato, Edmundo González.
Tras los comicios, las ONG e instancias internacionales de defensa de derechos humanos han advertido de una ola represiva con más de mil detenidos, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, investigaciones judiciales contra opositores y el bloqueo temporal de redes sociales como X.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades venezolanas que no adoptaran «estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país».
¿Qué dice la ley?
La ley establece «un sistema uniforme» para la «creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo» de las ONG, así como «para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».
El texto no aclara qué sucede si una ONG recibe financiamiento internacional y obliga a las organizaciones a notificar «sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos».
La norma advierte que las ONG deben aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros», para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente».
Denuncia contra la persecución
Activistas y miembros de ONG en Venezuela aseguran que esta normativa busca criminalizar a la sociedad civil organizada.
«La ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas», dijo Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en su cuenta de X.
«Su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país».
«Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico», declaró a la agencia Reuters el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, se mostró preocupada en su cuenta de X por «el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo‘; así como la difusión de ‘expresiones de odio social e ideas fascistas'».
En Venezuela operan decenas de fundaciones y grupos no gubernamentales que se dedican a temas desde atención de presos, monitoreo de la situación de violencia, revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión e indicadores económicos y sociales, entre otros.