Santo Domingo.- Un tribunal del Distrito Nacional dictó una condena de diez años de reclusión contra un ex empleado penitenciario procesado por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.
La pena fue impuesta en contra de Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), contra quien el Ministerio Público había solicitado la imposición de una pena de 20 años de prisión.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró la decisión como positiva para la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que desarrolla el Ministerio Público.
“Para nosotros esto es una condena que sirve de ejemplo para todos aquellos funcionarios públicos y servidores públicos; para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”, destacó el fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Explicó que el procesado, aprovechó su función, para estafar a una gran cantidad de empresarios que confiaron en él creyendo que estaban contratando con la Procuraduría General de la República, “y se hizo entregar diferentes productos alimenticios, los cuales vendió a diferentes comerciantes de San Cristóbal”.
Ramírez produjo sus declaraciones luego de que los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaran la sentencia condenatoria con base en los medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
Beato Dionicio, quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, se dedicaba a captar personas físicas y jurídicas, utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC.
El expediente señala que creó y utilizó documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía.
La acusación contra Antonio Beato Dionicio, de 112 páginas, fue presentada en noviembre del año 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.
El expediente fue sustentado con 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que demuestran la responsabilidad penal del acusado.